lunes, 23 de mayo de 2011

MODELO DE AMPARO

SUMARIO:
:
I.- OBJETO.-
Que vengo a interponer formal acción de amparo contra ……………………….., con domicilio en calle …………., de Bahía Blanca, por considerar que su actuar constituye una violación flagrante y manifiestamente arbitraria de los derechos y garantías consagrados por nuestra Carta Magna Nacional, leyes y Tratados Internacionales.
II. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE HECHO QUE MOTIVA LA PRESENTE ACCIÓN.
A fin que V.S. se ilustre respecto de la delicada situación que me toca atravesar, en virtud de la cual se encuentra afectada de manera directa y palpable la salud de mi hijo y con ello la imposibilidad de poder llevar adelante una vida dentro de parámetros los más normales posibles, considero que debo comenzar por describir la patología que le fuera diagnosticada.-
Su cobertura social se encuentra otorgada por la Obra Social …………………………………….-
El trastorno que presenta el menor le ocasiona un sinnúmero de problemas los que requieren extremos cuidados y requerimientos especiales, y resulta oportuno traducirlo a las consecuencias que trae aparejado en su vida diaria.-
Todo lo expuesto deriva invariablemente en la necesidad de recurrir a ayuda permanente, a través de la asistencia médica y complementaria.
Ahora bien, teniendo en cuenta la grave patología que padece, se requiere el cuidado de una terapista Ocupacional, acompañante Terapeutico y una psicopedagoga.-
Todos estos reclamos fueron oportunamente planteados ante la obra social respectiva quien no ha brindado los requerimientos de cobertura adecuados.-
En innumerables oportunidades he cumplido con todos aquéllos requisitos que me fueran solicitados, a tal punto que el sistema se transforma en burocrático.-
A pesar de todo, la cobertura por parte de la demandada es obsoleta.-
Ante tales padecimientos con fecha ………….suscribo CD ……………. del siguiente tenor: “Dirijo a Ud. La presente en representación de mi hijo menor ……………… (DNI: ……….), quien resulta afiliado a vuestra obra social y padece síndrome autístico, fin de solicitar que en el plazo perentorio e improrrogable de 72 hs. de recibida la misma proceda a arbitrar los medios necesarios para otorgar cobertura integral de las prestaciones necesarias para su tratamiento conforme los parámetros de las leyes nacionales 22.431, 24.901 y normas ccds. Y ley provincial N. 13.380.- En particular le hago saber que deberá proceder al pago de los gastos de matrícula años 2008 –noviembre y diciembre-2009/2010 de APADEA (Asociación de Padres de Autistas). Institución que se encuentra destinada a la educación del menor. Por otra parte deberá afrontar los gastos de Terapia Ocupacional, Acompañante Terapéutico, Terapeuta domiciliaria (psicopedagoga) y transporte, los que al presente no han sido cubiertos.- Caso contrario iniciare las acciones legales correspondientes…”
En respuesta la demandada remite CD ………… fechada el 31/03/2010 con el siguiente tenor: “Me dirijo a Ud. A fin de responder la CD que remitiera a la Obra Social ……………………) en representación de su hijo ……………………(DNI: ………….), en este orden corresponde mencionar que esta parte abonó mediante cheques del Banco ………… Nros. ……….. los meses de ……………….. de 20…. a la Asociación de Padres y Autistas (APADEA) por lo que no se registra deuda, cabe señalar que igualmente dicho saldo no interrumpió la prestación que se le brinda al menor. Respecto del pago de la matricula de la mencionada institución corresponde señalar que la correspondiente al ciclo del año 2008 fue abonada la factura Nro. ………… mediante cheque del Banco ……… N° ………….; en el año 2009 Ud. No presentó factura por la matrícula en virtud de que he dicho período la cobertura que brindó el citado Instituto fue de “apoyo escolar” prestación que no corresponde facturar en curso por ningún concepto. Por otra parte se rechaza su reclamo de cobertura de terapia ocupacional, de transporte y de psicopedagoga dado de sus dichos se contradicen con la realidad de los hechos en este sentido y desde el mes de marzo del corriente año atienden al menor por la cobertura que brinda …………… la terapista ocupacional …………………. y la psicopedagoga ……………., mientras que de los traslados se encarga el prestador ………………. Respecto de la cobertura del transporte le reiteramos por este medio fehaciente que Ud. Debe presentar en el ………… Bahía Blanca del 01 al 10 de cada mes la constancia de asistencia y la fotocopia del último recibo de sueldo. Por otra parte respecto al acompañante terapéutico en el transcurso del mes en curso Ud. requirió los servicios del prestador ………….trámite que luego Ud. suspendió en virtud de que presentó a un nuevo prestador ……………….. para los servicio de terapia ocupacional, petición que se encuentra en trámite. En virtud de lo expresado su reclamo carece de sustento tanto fáctico como jurídico.- La intimo a que no realice intimaciones improcedentes como la presente….”
La negativa a otorgar cobertura por considerar que la asistencia del niño al establecimiento de APADEA es de apoyo escolar, resulta injustificada.-
Asimismo adeudan a la asistente terapéutica y a la psicopedaga, tres meses de honorarios por los servicios profesionales, lo que conlleva el riesgo de que las mismas dejen de asistir profesionalmente a mi hijo.-
Por otra parte, se han negado a otorgar cobertura de tratamiento de un médico psiquiatra, el cual fuera prescripto por el médico neurólogo tratante (se adjunta copia de certificado médico suscripto por el Dr. …………….. con constancia de recepción de la demandada)
No obstante eso, me acerqué personalmente hasta la institución, para tratar de encontrar algún canal de solución, y que de esta forma reconsiderasen la situación. No hubo quien me escuchara, encontré una negativa y silencio como respuestas.-
La misiva enviada, los reiterados reclamos efectuados en forma personal, sin obtención de contestación hacen que me encuentre en la necesidad de recurrir a la protección judicial.-
III. DERECHO VULNERADO.
La ley provincial 13.380 en su art. 1 establece: Artículo 1.- Créase en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Sistema de Protección Integral de las Personas que padecen síndrome autístico Se considera síndrome autístico al conjunto de signos y síntomas que padecen las personas por alteraciones cualitativas en la reciprocidad social, comunicación verbal y no verbal y en su comportamiento social. Asimismo las que padecen ausencia o escasa actividad imaginativa o bien un espectro de intereses estrecho con predominio de actividades repetitivas”
El autismo se caracteriza por una escasa interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, actividades e intereses gravemente limitados, inusuales y repetitivos. Otros trastornos del espectro autista incluyen el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno general del desarrollo no especificado o atípico.-
Los niños autistas tienen dificultades para interactuar socialmente, padecen de problemas de comunicación verbal y no verbal y muestran comportamientos reiterativos o intereses limitados u obsesivos. Estos comportamientos pueden variar en cuanto a su impacto, es decir, desde un trastorno leve hasta uno que puede llegar a ser discapacitante.
Los niños autistas, presentan mayor riesgo de padecer de ciertas enfermedades coexistentes como el síndrome de cromosoma X frágil (el cual provoca retraso mental), esclerosis tuberosa (en el cual crecen tumores en el cerebro), convulsiones epilépticas, el síndrome de Tourette, discapacidades de aprendizaje y trastorno de Déficit Atencional. Por razones que aún no están claras, entre el 20 y 30 por ciento de los menores autistas desarrollan epilepsia cuando llegan a ser adultos. Si bien algunas personas con esquizofrenia pueden mostrar una conducta de tipo autista, sus síntomas generalmente no aparecen hasta cerca de los 20 años o en la etapa de adultos jóvenes. La mayoría de la gente con esquizofrenia también tiene alucinaciones y delirios, los cuales no se encuentran en el autista.
El término síndrome de Asperger es algunas veces usado para describir a personas con comportamiento autista pero con buen desarrollo de las destrezas del lenguaje. Los niños que parecen normales en sus primeros años y que luego pierden destrezas y comienzan a mostrar un comportamiento autista suelen ser diagnosticados con el desorden desintegrativo de la niñez (CDD del inglés “childhood disintegrative disorder”).
Para muchos niños, los síntomas del autismo mejoran con un tratamiento y la edad. Algunos menores autistas crecen y logran llevar vidas normales o casi normales.
Si bien no existe la cura para el autismo, las terapias e intervenciones conductuales están diseñadas para remediar síntomas específicos y pueden otorgar una mejoría sustantiva.-
“LOS CERTIFICADOS MEDICOS AGREGADOS DAN CUENTA SUFICIENTE DE LA NECESIDAD DEL TRATAMIENTO DISPENSADO A C.G.D. Y DE SU FRANCA MEJORIA. EN SUMA, LA AMPLITUD DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS POR LA LEY 24.901 RESULTA PROPORCIONAL A SU FINALIDA D, QUE ES LA DE LOGRAR LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CFR. ARTS. 11,15, 23 Y 33). LA SOLUCION ES LA QUE MEJOR SE CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DEL DERECHO CUYA PROTECCION SE PRETENDE -QUE COMPROMETE LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS (CS.; FALLOS: 302:1284)-, RECONOCIDO POR LOS PACTOS INTERNACIONALES (ARTS. 23 Y 24, CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, APROBADA POR LA LEY 23.849; ART. 25, INC. 1, DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ART. 12, INC. 2, AP. D., PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES), DE JERARQUIA CONSTITUCIONAL (ART. 75, I NC. 22, CONSTITUCION NACIONAL; CFR. ESTA SALA, CAUSAS 22.354/95 DEL 2.6.95, 53.078/95 DEL 18.4.96, 1251/97 DEL 18.12.97, 436/99 DEL 8.6.99, 7208/98 DEL4.11.99, 53/01 DEL 15.2.2001; EN IGUAL SENTIDO, VER CSMENDOZA, SALA I, DEL 1.3.93, VOTO DE LA DRA. KEMELMAJER DE CARLUCCI, E.D. 153-163; CFED. LA PLAT A, SALA 3, DEL 8.5.2000, E.D. DEL 5.9.2000) (C. M. M. Y OTROS C/ ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS S/ AMPARO. CAUSA N° 3165/2000. 27/03/01; CAMARA CIVCOMFED:1)
El plan ideal de tratamiento coordina terapias e intervenciones que tienen como blanco los principales síntomas del autismo: problemas de interacción social y comunicación verbal y no verbal, y rutinas e intereses obsesivos o repetitivos.-
Los médicos a menudo recetan un medicamento antidepresivo para controlar síntomas de ansiedad, depresión o algún trastorno obsesivo-compulsivo. Se emplean medicamentos antisicóticos para tratar graves problemas conductuales.-
Actualmente en nuestro país, los niños con esta problemática se encuentran con un fuerte desamparo comenzando, muchas de las prestaciones médicas no son reconocidas por las prepagas y por las obras sociales, lo que lleva a tener que afrontar por parte de aquellos padres o tutores que pueden hacer frente a gastos y la imposibilidad de hacerlo para los mas carenciados, teniendo en cuenta la diversidad de asistencia y estudios de toda índole a las que son sometidos y que además son indispensables.-
No es difícil colegir que la negativa de cobertura integral del procedimiento indicado por el facultativo interviniente –con inclusión de cobertura del implante -, por parte de la obras asistencial, constituye un actuar manifiestamente arbitrario y lesivo del derecho constitucional a la salud, habilitándose por lo tanto la vía del amparo, como mecanismo idóneo para la protección de mi derecho vulnerado.-
Me permitiré transcribir el concepto de salud vertido por la Organización Mundial de la Salud, a saber: “un estado de bienestar físico, mental, social, y no meramente como la ausencia de enfermedad o invalidez”. La salud implica siempre un determinado equilibrio entre sus diferentes dimensiones: anátomo-morfológico, fisiológico, psíquico, ecológico y socio-económico.
El derecho a la salud, podemos afirmar que a partir de la reforma constitucional, se explicita, en su aspecto de calidad de vida, en el art. 41, al expresar este: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo...”.
Asimismo, al introducirse en nuestra ley fundamental varios tratados que se relacionan con los derechos humanos, vemos que el concepto de protección de la salud adquiere jerarquía constitucional. A tal efecto podemos hacer mención a:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos: art. 25: “ 1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…”.
• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales: art. 12: “1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental…”.
• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “art. 10.1 el derecho a la salud, en los siguientes términos; "toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social". En el punto 10.2 señala "con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los estados parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público…”.
Por su parte, la ley fundamental de nuestra provincia consagra explícitamente, en su art. 36: “Todas las personas de la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos: inc. 8) A la salud.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido elaborando en los últimos años una verdadera doctrina en base a una jurisprudencia firme, reiterada y pacífica en materia de derecho a la salud.-
El máximo Tribunal Nacional ha sostenido que el derecho a la salud, como derecho humano de segunda generación, se encuentra enlazado con el derecho a la vida y, como tal es el primer derecho humano que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (F. 310:112).
Resulta trascendente hacer mención al conocido caso “Campodónico de Beviacqua” (24-10-2000) y reiterado luego en los casos “ALVAREZ, Oscar” (12-7-01) y “MONTESERIN, Marcelino” (16-10-01).
En el primero de ellos, Campodónico de Beviacqua, el máximo Tribunal dijo: “ 15) Que el Tribunal ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental.
En el caso - MONTESERIN, Marcelino- se ratifica el criterio y reitera: “que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional ".11) “Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (nominados en el art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), esta Corte ha reafirmado en posteriores pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido en el derecho a la vida…”.
Delimitado de esta manera el concepto de salud y su rango constitucional, pasaremos ahora a circunscribir la obligación que pese sobre la accionada.
La ley 24.901 estable en su articulado:
ARTICULO 1º – Institúyese por la presente ley un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
ARTICULO 2º – Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.
ARTICULO 34. – Cuando las personas con discapacidad presentaren dificultades en sus recursos económicos y/o humanos para atender sus requerimientos cotidianos y/o vinculados con su educación, habilitación, rehabilitación y/o reinserción social, las obras sociales deberán brindar la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que requieren, conforme la evaluación y orientación estipulada en el artículo 11 de la presente ley.
ARTICULO 35. – Apoyo para acceder a las distintas prestaciones. Es la cobertura que tiende a facilitar y/o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos de apoyo que se requieren para acceder a la habilitación y/o rehabilitación, educación, capacitación laboral y/o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad.
ARTICULO 36. – Iniciación laboral. Es la cobertura que se otorgará por única vez a la persona con discapacidad una vez finalizado su proceso de habilitación, rehabilitación y/o capacitación, y en condiciones de desempeñarse laboralmente en una tarea productiva, en forma individual y/o colectiva, con el objeto de brindarle todo el apoyo necesario, a fin de lograr su autonomía e integración social.
ARTICULO 37. – Atención psiquiátrica. La atención psiquiátrica de las personas con discapacidad se desarrolla dentro del marco del equipo multidisciplinario y comprende la asistencia de los trastornos mentales, agudos o crónicos, ya sean estos la única causa de discapacidad o surjan en el curso de otras enfermedades discapacitantes, como complicación de las mismas y por lo tanto interfieran los planes de rehabilitación.
Las personas con discapacidad tendrán garantizada la asistencia psiquiátrica ambulatoria y la atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, procurando para situaciones de cronicidad, tratamientos integrales, psicofísicos y sociales, que aseguren su rehabilitación e inserción social.
También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados, ya sean psicofarmacológicos o de otras formas terapéuticas.
ARTICULO 38. – En caso que una persona con discapacidad requiriere, en función de su patología, medicamentos o productos dietoterápicos específicos y que no se produzcan en el país, se le reconocerá el costo total de los mismos.
ARTICULO 39. – Será obligación de los entes que prestan cobertura social, el reconocimiento de los siguientes servicios a favor de las personas con discapacidad:
a) Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología, conforme así o determine las acciones de evaluación y orientación estipuladas en el artículo 11 de la presente ley;
b) Aquellos estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados en la presente ley, conforme así lo determinen las acciones de evaluación y orientación estipuladas en el artículo 11 de la presente ley;
c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético-hereditario.
d) Asistencia domiciliaria: Por indicación exclusiva del equipo interdisciplinario perteneciente o contratado por las entidades obligadas, las personas con discapacidad recibirán los apoyos brindados por un asistente domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar los tiempos de internación. El mencionado equipo interdisciplinario evaluará los apoyos necesarios, incluyendo intensidad y duración de los mismos así como su supervisión, evaluación periódica, su reformulación, continuidad o finalización de la asistencia. El asistente domiciliario deberá contar con la capacitación específica avalada por la certificación correspondiente expedida por la autoridad competente. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.480 B.O. 6/4/2009)
La normativa citada precedentemente no hace más que hacer extensivo a los agentes asistenciales, las prestaciones imprescindibles para la habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad o (a nuestro entender) con capacidades diferentes.-
Lo expuesto tiene consecuencias superlativas, por cuanto, la ley es de orden público y por lo tanto está por encima de la voluntad de las partes.-
Asimismo en los arts. 14 a 18 de la ley 24.901 se prescriben prestaciones que se consideran básicas: PREVENTIVAS, DE REHABILITACION, TERAPIAS EDUCATIVAS, EDUCATIVAS y ASISTENCIALES.-
Señala la doctrina que: “La ley asimismo obliga a las obras sociales, entendiendo por ellas a las enunciadas en el art. 1 de la ley 23.660 ….a brindar la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley 24.901 que necesiten las personas con discapacidad afiladas a las mismas” (Subies, Laura; El Derecho y la Discapacidad; Editorial Cathedra Juridica; Año 2005; P. 98)
Permitir en el caso concreto lo contrario sería violentar el art. 42 de nuestra ley suprema, por cuanto se estarían violentando los derechos del usuario reconocidos en el artículo 42 de la Constitución, afectando el derecho a la salud, garantizado por tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, conforme ya se adelantó “ut supra”.
Asimismo, en reiterados fallos, se ha reconocido el principio por el cual se debe dar prioridad al derecho a la salud antes que al formalismo legal, las prestaciones médicas no pueden valorarse únicamente desde el punto de vista de la conveniencia económica, pues tiene un innegable fin social.
"La indicación terapéutica debe ser interpretada en sentido amplio, comprensivo de la idea del concepto de vida de la persona, y de su salud interpretada conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de equilibrio físico­psíquico y emocional. Puede además ser de carácter preventivo, tendiente a evitar el futuro agravamiento del estado de salud de la paciente." (Juz. Crim. y Correc. Nº 3, Mar del Plata, diciembre 6, 1996. ­ Servicio de Salud Mental del Hospital Interzonal Gral. de Agudos de Mar del Plata), VJ, 1998­4­44
De esta manera, debemos concluir sin temor a equivocarnos la obligación ineludible que pesa sobre la accionada, de otorgar cobertura asistencial total.-
IV. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE AMPARO INSTAURADA.-
El art. 43 de la Constitución Nacional dispone: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley......”. –
Por su parte, la ley suprema de la Provincia de Buenos Aires, en su art. 20 nos hace saber que: "Se establecen las siguientes garantías de los derechos constitucionales: ... 2. párr.1º La garantía del amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión, proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta , el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos".-
A partir de la lectura de la normativa reseñada, se pueden advertir los requisitos para la procedencia del proceso constitucional instaurado:
a) Acción expedita y rápida: Por lo cual no puede estar sometida a ningún tipo de restricciones y debe ser tramitada en tiempo útil.-
El transcurso del tiempo cuando se afectan derechos constitucionales puede producir daños irreparables.-
Estamos en presencia de un actuar de la reclamada manifiestamente arbitrario a derechos y garantías constitucionales y legales que, en nuestro caso, se refieren al derecho a la salud.
"Una de las circunstancias que torna procedente la acción de amparo, cual es la de evitar un daño grave e irreparable que se produciría remitiendo la cuestión al procedimiento ordinario,(CNCom., Sala A, noviembre 29, 1996. - Fox de Dia Lacoste, Virginia y otro c. The First National Bank of Boston), LA LEY, 1997­D, 854 (39.709­S)
b) No debe existir medio judicial más idóneo: El presente medio resulta adecuado e idóneo para el caso, pues no existe otro que pueda sustituírlo a fin de evitar la conculcación de los derechos constitucionales a la vida, y a la salud.-
Por su parte, la normativa nacional alude a la ausencia de un remedio judicial más idóneo para la protección del derecho lesionado. Al respecto, cabe señalarse que en casos como el que nos toca analizar, en el cual el derecho constitucional vulnerado es el derecho a la salud –corolario del derecho a la vida-, no debe suscitarse duda alguna en cuanto a que la acción de amparo es la única vía idónea para la protección del mismo. De esta manera se erige, al decir de Morello, en la alternativa principal y no subsidiaria. V.S. ha sostenido en reiterados fallos que “…el amparo, especialmente a partir de la reforma de 1994, es garantía constitucional, y es por ello que toda la hermenéutica ha de tener como norte el sentido protector de dicha garantía, a través de una interpretación previsora que deberá asignar al amparo el más alto alcance posible, con miras a la efectiva protección de los derechos fundamentales en crisis, por lo que la existencia de causes ordinarios para discutir una cuestión no conduce, por sí, al rechazo de la acción de amparo, pues tales procesos deben resultar más idóneos que esta acción…”.
Nos enfrentamos a la amenaza de un perjuicio grave e irreparable en la salud, derivado ello de la no autorización y cobertura integral por parte de la accionada.-
"Para que la acción de amparo sea viable resulta esencial que, pese a existir otros procedimientos ordinarios legalmente previstos, el empleo de éstos, según las características de la materia en debate, debe ocasionar al recurrente un daño grave e irreparable, es decir, cuando se corre el riesgo de brindarle una protección judicial, pero posterior a su ruina. (CNCiv., Sala E, Octubre 11-1991). ED, 146-159.
"La existencia de una vía legal apta para la protección de los derechos que se dicen conculcados excluye, en principio, la admisibilidad del amparo, ya que este remedio legal no altera el juego de las instituciones vigentes ni justifica extender la jurisdicci¢n legal y constitucional de los magistrados; lo que no se podría obviar afirmando que el objeto de la acción fuera evitar la producción del daño que se aduce o que tales procedimientos carecen de idoneidad a los efectos de la satisfacción y tutela adecuada de los derechos." (CFCA II, CAPITAL FEDERAL 18-2-1997; CARATULA: Transener S.A. y otro c/ Capex S.A. y otros; PUBLICACIONES: LL 1998 C, 375-97192)
"Es factible el amparo, no obstante que existan vías legales para obtener la tutela perseguida, si aquéllas no son idóneas para evitar daños graves que se convertirían en irreparables, de tener que aguardar la protección brindada por esas vías. (CNCI C, CAPITAL FEDERAL 6-6-1995; CARATULA: Dubin, Carlos Manuel c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo; PUBLICACIONES: ED 170, 591-47649)
b) Con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, en forma actual o inminente lesione restrinja, altere o amenace, derechos y garantías reconocidos por la Constitución y la ley.-
"La lesión es un concepto lato y general, que comprende todo daño o perjuicio al derecho que se tutela.....pero podemos señalar, que como genera perjuicio, la lesion indica la violación o afectación de carácter más intenso......."restricción" es una reducción, disminución o limitación de la posibilidad de ejercicio de la acción materia del respectivo derecho....."alteración" de un derecho implica un cambio o modificación en su natutaleza propia..." (Quiroga Lavie; Humberto; "Constitución de la Nación Argentina Comentada"; Ed. Zavalia; 1996; P. 227).-
La apreciación sobre la idoneidad de la vía de la acción no ha de depender tanto de un antecedente, sino de una consecuencia, la eficacia que ella pueda tener para restablecer la concordia de los sujetos del pleito.-
"El desarrollo progresivo de los derechos humanos, en el caso de autos, del derecho a la atención de la salud, requiere la existencia de medios instrumentales, rápidos y eficaces para garantizar su efectiva vigencia, aplicando el principio de unidad de los órdenes jurídicos, con una penetración creciente del derecho internacional en el derecho interno" (Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3, Mar del Plata, junio 6-1995). ED, 163-371. -
V. PRUEBA.- Se ofrece las siguientes pruebas que hacen a derecho:
A) Documental: Dos cartas documento, un certificado de nacimiento, un certificado de discapacidad; una copia de certificado médico y copia de informe de Escuela Especial APADEA.-
B) Documental en poder de la demandada: Solicito se requiera a la demandada adjuntar expediente o legajo correspondiente a TOBIAS ALBERTO FERREYRA (DNI 43.971.423), en los términos del art. 386, del C.P.C.-
C) Pericial: A tal fin se designará un perito medico legista en la especialidad de neurólogo, el que con el auxilio de los especialistas que estime pertinentes y efectuando los exámenes clínicos, neurológicos, radiológicos, funcionales y de laboratorio al actor, y examinando las constancias e informes médicos agregados al expediente, informe sobre los siguientes puntos:
a) Si la actora padece la sintomatología y/o enfermedad por la que se demanda.-
b) Determine el grado de incapacidad que le acarrea..-
c) Informe acerca de la sintomatología, dolores y/o molestias que provoca la aludida afección.
d) Teniendo en cuenta la patología que presenta la menor, informe que tratamientos médicos deberá seguir durante cuanto tiempo.-
e) Todo otro dato de interés para la causa.
D) Oficio: Se libre oficio al Dr. Carlos Vecchi a fin se sirva remitir copia de la Historia Clinica del niño TOBIAS ALBERTO FERREYRA (DNI 43.971.423).-
E) Informativa Supletoria Para el caso de desconocimiento de las misivas acompañadas, solicito se libre oficio al Correo Oficial de la República Argentina SA, a fin de que se sirva informar, acerca de la autenticidad y contenido de las cartas documentos y telegramas laborales aludidos, indicando fecha de remisión, recepción, remitente y destinatario.-
F) Testimonial: Se cite a declarar a los siguientes testigos:
1.- Gisele Luciana Rodriguez (DNI: 30.673.648), psicopedagoga, domiciliada en Los Patos 2361.-
2.- Jamila Natalin Riazuelo (DNI: 32.978.135), terapeuta, domiciliada en Castelar 2088.-
Ambos domicilios de la ciudad de Bahía Blanca.-
VI.- DERECHO.-
Fundo el derecho que me asiste en la ley 7166 y en los arts. 42, 43 y ccdst. de la Constitución Nacional.-
VII. PETITORIO.
En virtud de lo expresado solicito a V.S.:
1.- Tenerme por presentada en el carácter invocado, como parte y con domicilio constituido en el indicado “ut supra”.-
2.- Por cumplido con las leyes 8480 y 10.268.-
3.- Se corra traslado a la accionada por el términos de ley.-.
4.- Tenga por acompañada la prueba documental y ofrecida la restante.
5.- Oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar a la pretensión esgrimida, y de esta manera se ordene a la demandada, la cobertura integral e inmediata del síndrome autista que padece Tobias Ferreyra incluyendo la de profesionales, y sean o no prestadores de la obra social y la provisión de todos aquéllos elementos que fueran indicados por el los médicos tratantes.-
Proveer de conformidad que,
SERÁ JUSTICIA.-

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